Consecuencias en Cantabria: dejaría a todos los empleados en ERTE, dañaría el 10% de las viviendas y una cuarta parte del parque móvil | Comparación: trasladar a la región las cifras de la gota fría ayuda a entender la verdadera dimensión del desastre
José Ahumada (textos) y Clara Privé (gráficos)
Santander
Domingo, 10 de noviembre 2024, 07:39 | Actualizado 08:03h.
Las imágenes del paso de la DANA por Valencia muestran la destrucción causada por la fuerza desatada de la naturaleza: riadas monstruosas arrastrando coches, poblaciones anegadas, un mar de barro hasta el horizonte y caos y destrucción por todas partes. Pero son las cifras de la tragedia las que ayudan a comprender sus dimensiones, con un balance de pérdidas encabezado por el de las víctimas mortales. Trasladar esos números de la devastación a Cantabria quizás sea la forma más sencilla de hacerse una idea del desastre, que en la región alcanzaría proporciones apocalípticas: toda su población afectada, vastas extensiones inundadas, todos los trabajadores en ERTE... y una tromba de agua tal, que podría llenar el pantano del Ebro en un visto y no visto.
El diluvio caído sobre Valencia es, necesariamente, el primer dato a analizar: la estación meteorológica de la localidad de Turís recogió 771,8 litros por metro cuadrado el pasado 29 de octubre. El récord de precipitaciones en Cantabria está establecido en los 162,7 que se registraron en Santander el 15 de abril de 1980, según datos de Aemet: no hay ciudad que esté preparada para digerir esa tromba de agua. «Es muy difícil, sobre todo por el hecho de que el territorio está muy urbanizado, muy impermeabilizado, y el suelo no empapa. Es agua que cae del cielo rápidamente, que provoca violentas escorrentías porque no tenemos un suelo natural: la esponja que constituye el suelo se ha ido reduciendo», explica Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona, especialista en climatología.
Fue tal la intensidad de la lluvia que por el barranco del Poyo llegaron a bajar ocho hectómetros cúbicos de agua por hora. Un hectómetro cúbico equivale al consumo anual de una población de 15.000 habitantes: son más de los que tiene Santa Cruz de Bezana. Otra forma de decirlo: un chorro así podría llenar el embalse del Ebro hasta el borde en 68 horas.
La 'zona de acción' en que trabaja la Unidad Militar de Emergencias (UME) es de 4.608 kilómetros cuadrados, equivalente al 86% de la extensión de Cantabria: el área de actuación iría desde San Vicente hasta Castro y profundizaría en el interior hasta Reinosa. El Colegio de Registradores de España acota a 375 kilómetros cuadrados el territorio dañado, y lo que podría denominarse 'zona cero', la más devastada, ocupa unos 156, todo el arco de la bahía, incluyendo los municipios de Santander, Camargo, Santa Cruz de Bezana, El Astillero, Ribamontán al Mar y Marina de Cudeyo.
¿Puede suceder algo así en esta Comunidad? «Cantabria también puede verse afectada por una DANA –admite Arcadio Blasco, delegado territorial de la Agencia Española de Meteorología en la región–; de hecho, ya nos han afectado en anteriores ocasiones, dando lugar a precipitaciones intensas. Pero una DANA no tiene por qué ser sinónimo de lo que ha sucedido en Valencia. Allí, por la influencia del Mediterráneo, se puede volver más agresiva y catastrófica. Nosotros no tenemos el régimen de vientos propicio para este fenómeno, no le da a la DANA ese combustible que necesita para alcanzar esa intensidad en las precipitaciones, como tampoco se alcanzan aquí las temperaturas en superficie del mar que se registran allí».
Las lluvias torrenciales, el desbordamiento de ríos, el pedrisco y el viento huracanado han arrasado 33.728 hectáreas de superficie agraria en Valencia: es tal el desastre que no hay comparación posible con Cantabria, con sus 8.557 hectáreas de terreno cultivado. Siguiendo con los daños en el campo, Valencia, pese a no tener un carácter ganadero tan marcado como Cantabria, ha visto cómo la gota fría acababa con 9.000 animales. Es, más o menos, la octava parte de la cabaña de vacuno de la región, que el pasado año contaba, en total, con 74.000 vacas y novillas.
La población de Polaciones
La DANA ha impactado de forma brutal en la población, y la primera cifra que viene a la mente es la del número de fallecidos que, hasta que las autoridades no lo actualicen, se mantiene en 215 en la Comunidad Valenciana (223 en total). Son más que todos los vecinos de Polaciones (210).
Utilizando números brutos, los efectos de la DANA se han dejado sentir en 79 municipios valencianos: representarían el 77% de los 102 de Cantabria. En ellos, el cataclismo ha dañado 33.000 inmuebles, una cifra calculada en base a las reclamaciones a las aseguradoras: equivale a casi el 10% de las viviendas familiares de Cantabria, 358.499 según el Instituto Nacional de Estadística.
¿Cómo habría reaccionado la región ante una situación así? Como todas las comunidades, Cantabria cuenta con un protocolo de actuación ante las grandes catástrofes, con una respuesta diferente según el tipo de desastre (químico, radiactivo, por incendios o inundaciones, etc.). «Aquí es impensable que algo así pase», comienza aclarando Isabel Urrutia, consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa y máxima autoridad en cuestión de emergencias. «Lo que haríamos sería seguir las indicaciones de los técnicos, que me dicen qué tengo que hacer con los parámetros que hay. Hay una serie de indicadores establecidos y, en el momento en que hay varios que se cumplen, se activa uno u otro nivel de emergencia. La Aemet hace las previsiones meteorológicas y nosotros actuamos conforme a esas previsiones».
Javier Martín Vide | Catedrático de Geografía Física y especialista en Climatología
«El clima de Cantabria se está 'mediterranizando'»
José Ahumada
Durante estos días, mientras las áreas devastadas luchan por volver a una aún lejana normalidad, se discute sobre si todo ese desastre era inevitable, si las alertas funcionaron correctamente y si la actuación de las Administraciones fue lo suficientemente ágil. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, tanto Aemet como las confederaciones hidrográficas elaboran predicciones, «pero son las autoridades competentes en materia de protección civil las responsables de evaluar las afecciones sobre la población y el entorno, de emitir los avisos que correspondan y de adoptar las medidas de protección más adecuadas en cada caso». «Las informaciones aportadas por Aemet y las confederaciones hidrográficas son alertas físicas que están a disposición de las autoridades de Protección Civil. Los riesgos físicos han de estar gestionados, interpretados y respondidos por las autoridades competentes para proteger a la población». El Ministerio sostiene que la evaluación del peligro corresponde a las autoridades autonómicas, que deben valorarlo atendiendo a múltiples factores. «La Administración territorial es la que debe evaluar si la alerta afecta a una zona poblada o no; si es una zona inundable o no; si la crecida es en un río de caudal elevado o en uno pequeño, para poder proteger a la población».
Al hacer recuento de toda la población damnificada en Valencia, Cantabria vuelve a quedarse pequeña para comparar: son 845.000 las personas afectadas, una cifra muy superior a la de todos los habitantes de la región, 593.044 según el recuento más reciente.
Otro tanto sucede con las consecuencias económicas más directas: el temporal puede dejar a 350.000 trabajadores en situación de ERTE, y el total de Cantabria es de 233.467; unos 70.000 autónomos valencianos precisarán cobertura social, y en la región suman 41.198.
Son 100.000 los vehículos dañados por la DANA, muchos de ellos con destino directo al desguace: el parque móvil cántabro lo componen 451.730 automóviles.
Todavía es pronto para hacer un cálculo de las pérdidas totales, pero el hecho de que el primer paquete de ayudas anunciado por el Gobierno central ascienda a 10.600 millones de euros da pistas sobre ello. Es una cantidad que triplica el presupuesto de Cantabria para el año próximo, de 3.749 millones, y que supone casi dos tercios del producto interior bruto de la región, de 15.355 millones. Sólo las pérdidas del campo en la provincia levantina ascienden, en una primera estimación, a 1.089 millones.